Es profesionalidad, en efecto.
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Nuestro empleador no es el político de turno, cómo la venal Ayuso o la delincuente Figar, es el Estado, que desgraciadamente delega en la CAM, esa gran comunidad de vecinos, y el contribuyente es nuestro pagador. Nos ganamos el puesto en una oposición. No así los de la privada concertada, que les cae del cielo, literalmente pues la mayoría de esos lamentables centros los rige y se aprovecha de ellos la Iglesia Católica, para adoctrinar y discriminar según sus ideas atrabiliarias al alumnado.
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